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Caso Acinipo: Investigan si Rodríguez de la Borbolla incurrió en un delito de cohecho

El antiguo recinto ferial de Ronda, uno de los objetos de la investigación. // CharryTV

La Audiencia Provincial ordena el levantamiento total del secreto de sumario tras el recurso interpuesto por Rafael Lara, uno de los encausados

La Audiencia Provincial de Málaga ha estimado el recurso interpuesto por el exconcejal del Ayuntamiento de Ronda Rafael Lara, uno de los implicados en el caso Acinipo por una presunta trama de corrupción urbanística en Ronda, en el que éste solicitaba a la juez instructora el levantamiento total del secreto de sumario que hasta la fecha pesaba sobre 101 documentos.

Folios que fueron entregados a las partes a primera hora de ayer tras la corrección formulada por la Audiencia a la magistrada. Judith Sáiz dictó dos autos a comienzos del pasado mes de septiembre con menos de veinticuatro horas de diferencia. En el primero decretaba el levantamiento íntegro del secreto sumarial para luego mantener la confidencialidad en los comprendidos entre el 5.688 y el 5.784 y entre el 5.977 y el 5.980.

En esta documentación, a la que ha tenido acceso Canal Charry, figuran numerosas conversaciones telefónicas y correos electrónicos. La juez instructora investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la modificación de elementos del PGOU de Ronda relativa al antiguo recinto ferial, así como la participación del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y su relación con el Consejo Consultivo de Andalucía como Consejero Permantente, entre los años 2005 y 2011. 

En concreto se intenta determinar si de la Borbolla cobró por asesorar a algunos de los imputados en su doble condición de abogado y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, pudiendo incurrir en la incompatibilidad de una actividad privada con su cargo público. 

La Udyco apunta a la existencia de una factura al Grupo Eroski por valor de 226.560 euros en cuyo concepto figura ‘Asesoramiento y coordinación jurídica en el proceso de modificación puntual del PGOU de Ronda’. Sobre esta cuestión en el informe reza textualmente que "de confirmarse el efectivo pago del asesoramiento realizado y que tal hecho presente indicios considerados suficientes, podrían imputarse actos contrarios a los deberes inherentes del ejercicio de su cargo, constituyendo nuevos indicios de un presunto delito de cohecho". 

También se da cuenta de la existencia de otra factura por un importe cercano a los 120.000 euros, que se encontró en el registro policial practicado en la sede de Grupo Ruiz Jurado con un concepto "muy cercano al contemplado en la factura que Borbolla Abogados le remite a Cecosa Hipermercados S.L. (Grupo Eroski)". 

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre el Consejo Consultivo de Andalucía aseguró a través de un comunicado que Rodríguez de la Borbolla no ha pertenecido nunca a la Comisión Permanente y que, por tanto, no tuvo información ni participó en la toma de decisiones sobre la modificación del PGOU de Ronda. "No cabe confundir la condición de consejero permanente con la de miembro de la comisión permanente", explicaba el escrito.