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Caso Acinipo: Los proyectos investigados se impulsaron a partir de 2004

Terrenos en los que Eroski tenía prevista la construcción de un centro comercial y de ocio. // CharryTV

La permuta de los terrenos de Eroski, la adjudicación de Martínez Astein o presuntas irregularidades en el Avance del PGOU

Cinco meses después de que el Ayuntamiento de Ronda fuese intervenido por un presunto caso de corrupción urbanística bautizado como operación Acinipo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad, Judith Saiz, levantó parcialmente el secreto del sumario y trasladó a las partes más de un millar de folios en los que se recogen las investigaciones que motivaron la apertura del proceso judicial el 22 de abril de 2010, aunque siguen manteníendose bajo secreto el resto de investigaciones, la mayoría, desde esta fecha.

A partir de 2004 es cuando se impulsan por parte de los responsables del Ayuntamiento la mayoría de los proyectos, operaciones urbanísticas e inmobiliarias objeto de investigación. Una de las principales cuestiones que centró la misma fue la permuta de los terrenos sobre los que iba a construirse un centro comercial de la firma vasca Eroski, iniciada en 2005 entre el propio Consistorio y el grupo constructor Ruiz Jurado. En principio fueron valorados en 1,8 millones de euros y cinco meses más tarde fueron vendidos a Erosmer Ibérica para la realización del citado centro comercial por más de 17 millones de euros, según la policía, "con un aparente lucro cesante de la Corporación Local de 10 millones de euros".

En las diligencias del caso también se refleja que, por convenio urbanístico, se adjudicaron también al citado grupo Ruiz Jurado las obras y construcción del Nuevo Recinto Ferial de titularidad pública por más de 3 millones de euros y que podrían haberse incrementado hasta los 11 millones de euros, "comprometiéndose la contratación pública". Además, se manifiesta que el ex alcalde del municipio, Antonio María Marín Lara y otros concejales de la Corporación coincidieron en dos ocasiones con un alto cargo de la empresa en el mismo hotel de Madrid, pagando éste último la factura. El concurso público de enajenación del antiguo estadio Municipal de Deportes, donde estaba prevista la construcción del centro comercial, podría haberse convocado ad hoc por sus cláusulas restrictivas.

Entre 2005 y 2006 se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas la ejecución y concesión administrativa de explotación de un céntrico aparcamiento de 800 plazas, el de Martínez Astein, considerado en 2009 como el mejor aparcamiento público de concesión municipal en España según Race. De acuerdo con los investigadores, el concurso público de adjudicación del parking debería ser reconsiderado, en especial los argumentos de los informes técnicos municipales que sirvieron de base. También se incide en que esta actuación era una pretensión del Consistorio años atrás y que ese mismo proyecto, ideado en el seno del Ayuntamiento, fue el que finalmente prosperó en modo de oferta.

Por otro lado, se cita que el Alcalde, a través de una sociedad civil de su propiedad, editó un periódico de ámbito local, La Gaceta de Ronda, entre los años 2006 y 2008. Según la policía, el 90% de la financiación de esta publicación procedía de los promotores de Los Merinos, macroproyecto urbanístico a las afueras de la ciudad que el regidor respaldó e impulsó. Los investigadores ponen de manifiesto que, coincidiendo con la aprobación inicial del proyecto de urbanización, el ex alcalde recibió en un periodo de ocho meses ingresos en efectivo que sumaron 102.513 euros y también relacionan la compra de un coche de la marca BMW, por el que Marín Lara pagó de esa cuenta 36.479 euros entre enero y febrero de 2006, con la desestimación por parte del Ayuntamiento de Ronda de las alegaciones presentadas contra Los Merinos.

Asimismo, según la documentación que obra en la causa judicial, podrían haberse cometido irregularidades en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En 2005 se contrató, previo concurso, a una sociedad jerezana para realizar la revisión del mismo. En 2006 hay indicios de la existencia de un Avance que podría haber sido ocultado por los máximos responsables del Consistorio y que algunos empresarios podrían disponer del mismo, constituyendo en su caso información privilegiada. También en 2006, Promociones Residencial El Brezo y otra empresa del grupo adquirieron fincas rústicas en la zona conocida como El Albercón por 28,7 millones de euros, cuando su valor catastral actualizado a 2010 era de sólo 28.000 euros, con la peculiaridad de que la zona iba a ser recalificada a suelo urbanizable. Ese mismo año, Marín Lara se aloja en un hotel de Santander, cuya reserva y pago realiza la empresa que había adquirido los terrenos.

Las investigaciones se centran también en el patrimonio y cuentas bancarias del ex alcalde, que firmó un contrato con opción de compra de un piso, aparcamiento y trastero por 300.000 euros en la costa marbellí, entregando en metálico 50.000 euros. El que fuera regidor de la ciudad firmó también un contrato de reserva para dos pisos de nueva construcción en Ronda, por un precio total alzado de 150.000 euros, cuando el precio base de cada piso era de 225.000 euros, según los investigadores. Uno de los administradores de esta empresa constructora intervino también en la compra-venta de la casa de Marín Lara en la aldea de El Rocío.

En las diligencias, en las que se hace especial hincapié en las relaciones personales o de parentesco de los implicados, se menciona la dificultad de acceso a determinadas fuentes documentales y no documentales, considerándolas autolimitaciones del riesgo derivado de si los propios investigados llegaran a tener conocimiento por cualquier fuente de que estaban bajo investigación de la Fiscalía Provincial de Málaga, con el auxilio de la Policía. Según la policía, destacable es el hecho de que Ronda es una ciudad relativamente pequeña, su alta interacción vecinal, la alta notoriedad de los investigados y la trascendencia y gravedad de los hechos descritos, por lo que se considera que en el momento de la investigación no era posible acudir de manera directa a las fuentes locales de documentación, tanto públicas como privadas, "sin riesgo de pérdida de efectividad en la información".

El caso Acinipo saltó a la palestra el pasado 27 de septiembre y se saldó con las detenciones y la posterior puesta en libertad con cargos de cuatro integrantes del anterior equipo municipal de Gobierno rondeño: el alcalde, Antonio María Marín Lara; el primer teniente de alcalde, Francisco Cañestro; y los concejales de Seguridad y Urbanismo, Rafael Lara y María José Martín de Haro, respectivamente, acusados de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Tres personas más prestaron declaración en Ronda, Valencia y Madrid y quedaron en libertad provisional con cargos.

DEPURADORA Y HOYA DEL TAJO

Por otro lado, se recogen dos casos en los que el Ayuntamiento de Ronda alcanzó un acuerdo directo con propietarios de fincas situadas en la Hoya del Tajo, con Protección Integral, en los que se autoriza la ejecución de las obras correspondientes al Colector Sur por terrenos de su propiedad y el Ayuntamiento daría viabilidad a la ejecución de obras de diferentes tipos en sus terrenos. Posteriormente el Consistorio inició una serie de procedimientos sancionadores contra esos propietarios por infracción urbanística, aunque la policía afirma que se desconoce si esas sanciones llegaron a abonarse al Negociado de Recaudación del Ayuntamiento.

En el primer de los casos se concedió autorización al propietario para ejecutar las obras del Colector Sur "y el Consistorio daría viabilidad a la construcción de una nave agrícola". En el segundo, asunto conocido como Las Cuadras, se afirma que el Ayuntamiento a cambio consideraría positivamente la solicitud de construcción de unas cuadras de caballos. Ambos casos, junto a otros, fueron denunciados por la Asociación Silvema Serranía de Ronda, incoándose con posterioridad procedimientos judiciales en los Juzgados de Ronda. Según la policía resulta llamativo que mediante un contrato privado se comprometiese la indisponibilidad de las potestades administrativas, ya que la potestad de planeamiento y la potestad reglamentaria son indispensables e irrenunciables por vía contractual, no pudiendo supeditarse a los intereses de un particular. Por una parte, se realizaron obras de carácter público que posiblemente tendrían que estar adscritas a los Sistemas Generales y haber obtenido los terrenos correspondientes mediante procedimientos de expropiación o por cesión gratuita, en caso de estar previsto en el desarrollo del planeamiento, y por otra, se compromete la potestad reglamentaria de una Administración local, como es la concesión de licencia de obras en un marco contractual.

Un convenio urbanístico firmado en agosto de 2006 entre el Alcalde y Los Merinos, macroproyecto urbanístico a las afueras de la ciudad, comprometía al Ayuntamiento para "utilización de aguas depuradoras procedentes de la Depuradora de Ronda para el riego de los campos de golf y zonas verdes del proyecto". Según la policía, este acuerdo podría tener su justificación por los problemas con los organismos autonómicos correspondientes de los promotores inmobiliarios a la hora de garantizar el abastecimiento de agua en el proyecto y sobre todo, para el riego de los campos de golf. Existe un plano fechado en noviembre de 2006 en el que se expone el trazado de conexión de la antigua con la nueva E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas Residuales), que atraviesa La Hoya del Tajo.